Declaraciones de monseñor José Luis Astigarraga Lizarralde, C.P., obispo de Yurimaguas
KÖNIGSTEIN, lunes, 8 junio 2009 (ZENIT.org).-
El obispo peruano del vicariato apostólico de Yurimaguas considera que la violencia que ha estallado entre grupos indígenas y la policía se puede superar con un auténtico diálogo sobre los argumentos que han provocado la crisis.
Así lo ha explicado a ZENIT monseñor José Luis Astigarraga Lizarralde, C.P., quien desde Europa, donde se encuentra en estos momentos de viaje tras la visita ad limina apostolorum a Benedicto XVI, ve cómo la violencia se ha apoderado de territorios vecinos a su vicariato.
El saldo de muertos por enfrentamientos entre policías e indígenas aumentó a 35 este domingo en la zona de la selva norte peruana, que está ahora bajo toque de queda y férreamente militarizada, mientras que el gobierno nacional y los nativos se responsabilizan mutuamente.
Las muertes se produjeron durante la recuperación violenta el viernes de una carretera en la selva norte de Perú que había sido tomada por indígenas, y durante las protestas en las siguientes 24 horas, que incluyeron el secuestro de 38 policías por un millar de indígenas.
El prelado, desde la sede central de Ayuda a la Iglesia Necesitada, lee estas noticias parciales y con auténtica angustia, confiesa que su gran temor consiste en que algo así pueda estallar en Yurimaguas.
Por este motivo, en una conversación telefónica mantenida con ZENIT hace un llamamiento al alto a la violencia, venga de donde venga, y a un diálogo concreto que supere las causas que han provocado la tensión.
"Mi llamamiento urgente --dice el prelado-- es que así como existe una prevención de enfermedades, también tiene que darse una prevención para que no se produzcan los actos violentos".
"Y esta prevención se logra con una cultura de diálogo. Eso va a traer el que la gente se sienta en paz consigo y se vincule uno con otro y la gente intercambie las propias experiencias. De este modo, la gente puede ver y buscar el bien común de todos: ante todo la vida, que es lo más fundamental".
"Realmente siento lo que ha sucedido a los policías, por las muertes tan crueles, como a los indígenas, y creo que el número de muertos que he recibido es demasiado exiguo".
El obispo explica que en estos momentos el diálogo debe centrarse en una cuestión central, la desencadenante de la violencia, es decir, las protestas por parte de las comunidades campesinas e indígenas contra los diez decretos legislativos promovidos por el gobierno.
Los nativos, cerca de 5.000 pertenecientes a 65 etnias amazónicas, llevan casi dos meses de protestas contra unos decretos legislativos que consideran inconstitucionales, por juzgar que atentan contra su derecho a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales.
Estos diez decretos se han promulgado en virtud de las facultades por seis meses que dio el Congreso al presidente Alan García para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Los decretos afectan a cuestiones de propiedad de la tierra, ríos, explotación de hidrocarburos, etc.
Según explica el prelado, "los indígenas y campesinos tienen derecho a ser consultados cuando se promulga una ley y a ser escuchados. Y no han sido consultados".
Dirigiéndose también a las comunidades indígenas les pide que, en estos momentos, centren el diálogo en esta cuestión que ha provocado la tensión, dejando otros asuntos a diálogos posteriores, como las cuestiones que afectan a la educación y la salud.
Por eso, el prelado pide diálogo y no que se aumente la concentración de policías en esas zonas en tensión, para no exasperar los ánimos.
"Para mí es seguro --dice con aplomo-. Si hay auténtico diálogo sobre los diez decretos legislativos, se soluciona el problema y se levantan los piquetes. Dejen de enviar policías a Yurimaguas. Que permanezcan los policías que deben estar para garantizar la seguridad, pero que no se aumente el contingente, pues se ve como una provocación".
El saldo de muertos por enfrentamientos entre policías e indígenas aumentó a 35 este domingo en la zona de la selva norte peruana, que está ahora bajo toque de queda y férreamente militarizada, mientras que el gobierno nacional y los nativos se responsabilizan mutuamente.
Las muertes se produjeron durante la recuperación violenta el viernes de una carretera en la selva norte de Perú que había sido tomada por indígenas, y durante las protestas en las siguientes 24 horas, que incluyeron el secuestro de 38 policías por un millar de indígenas.
El prelado, desde la sede central de Ayuda a la Iglesia Necesitada, lee estas noticias parciales y con auténtica angustia, confiesa que su gran temor consiste en que algo así pueda estallar en Yurimaguas.
Por este motivo, en una conversación telefónica mantenida con ZENIT hace un llamamiento al alto a la violencia, venga de donde venga, y a un diálogo concreto que supere las causas que han provocado la tensión.
"Mi llamamiento urgente --dice el prelado-- es que así como existe una prevención de enfermedades, también tiene que darse una prevención para que no se produzcan los actos violentos".
"Y esta prevención se logra con una cultura de diálogo. Eso va a traer el que la gente se sienta en paz consigo y se vincule uno con otro y la gente intercambie las propias experiencias. De este modo, la gente puede ver y buscar el bien común de todos: ante todo la vida, que es lo más fundamental".
"Realmente siento lo que ha sucedido a los policías, por las muertes tan crueles, como a los indígenas, y creo que el número de muertos que he recibido es demasiado exiguo".
El obispo explica que en estos momentos el diálogo debe centrarse en una cuestión central, la desencadenante de la violencia, es decir, las protestas por parte de las comunidades campesinas e indígenas contra los diez decretos legislativos promovidos por el gobierno.
Los nativos, cerca de 5.000 pertenecientes a 65 etnias amazónicas, llevan casi dos meses de protestas contra unos decretos legislativos que consideran inconstitucionales, por juzgar que atentan contra su derecho a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales.
Estos diez decretos se han promulgado en virtud de las facultades por seis meses que dio el Congreso al presidente Alan García para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Los decretos afectan a cuestiones de propiedad de la tierra, ríos, explotación de hidrocarburos, etc.
Según explica el prelado, "los indígenas y campesinos tienen derecho a ser consultados cuando se promulga una ley y a ser escuchados. Y no han sido consultados".
Dirigiéndose también a las comunidades indígenas les pide que, en estos momentos, centren el diálogo en esta cuestión que ha provocado la tensión, dejando otros asuntos a diálogos posteriores, como las cuestiones que afectan a la educación y la salud.
Por eso, el prelado pide diálogo y no que se aumente la concentración de policías en esas zonas en tensión, para no exasperar los ánimos.
"Para mí es seguro --dice con aplomo-. Si hay auténtico diálogo sobre los diez decretos legislativos, se soluciona el problema y se levantan los piquetes. Dejen de enviar policías a Yurimaguas. Que permanezcan los policías que deben estar para garantizar la seguridad, pero que no se aumente el contingente, pues se ve como una provocación".
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