BALANCE DEL AÑO 2009

Lima, 1 de diciembre del 2009



BALANCE DEL AÑO

Pilar Arroyo R.P.
Instituto Bartolomé Las Casas


Dado que esta es nuestra última entrega del año, y debido a vacaciones en la institución no nos comunicaremos hasta fines de enero; así como también que muchos de nuestros lectores suelen hacer (personal o institucionalmente) sus respectivos balances anuales, nos pareció conveniente dedicar nuestro comentario a dar una mirada “estilo video clip” a los temas de la agenda interna del 2009, a nivel económico, político y social.


A NIVEL ECONÓMICO

Son dos los elementos que nos interesan destacar

1.- La crisis económica mundial

En nuestra última entrega trabajamos un poco dicho escenario, por ello, ahora sólo resumimos las ideas principales. El escenario económico estuvo marcado por el descomunal impacto macroeconómico de la crisis económica mundial. Y decimos descomunal porque pasamos de un crecimiento de 9.8%, en el 2008 a 0 en el 2009.


Sin embargo, la percepción de dicho impacto estuvo bastante diferenciada, ya sea por el amortiguamiento de la misma por la expansión del crédito (de consumo, hipotecario, etc.) o porque la caída afectó mayormente a los sectores que estuvieron vinculados a las ganancias que generó dicho crecimiento en el periodo 2001-2008.


Si bien el gobierno y también los empresarios en el último CADE (Conferencia Anual de Ejecutivos, que congrega al empresariado nacional y que esta vez se realizó en Arequipa) insisten en que la crisis llegó a su fin; economistas como H. Campodónico sostienen que “el optimismo rebosante de los empresarios en CADE (“Ya tocamos fondo y estamos de salida de la crisis”) tiene muy poco que ver con la evolución económica actual”
Calibrar quién tiene la razón y cuánto ha afectado la crisis en términos de baja de ingresos, pérdida de empleo y aumento de la pobreza es difícil. Hoy afrontamos un serio problema con el manejo estadístico en nuestro país. Cada vez que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) da una cifra, importantes investigadores la cuestionan de inmediato.


2.- Los cuestionamientos al modelo económico neoliberal vigente

Y también el escenario económico estuvo marcado por una fuerte pugna entre los que desean mantener las líneas maestras de la política económica neoliberal, por según ellos, estar permitiendo que el país avance. Y aquellos que apuntan a las insuficiencias de la misma para atender las necesidades del conjunto de la población y, por lo tanto, desean cambiarlas.


El conflicto amazónico marcó un hito a este nivel pues puso a discusión el tema de qué tipo de crecimiento queremos.


¿Uno basado en la extracción de nuestros diversos y riquísimos recursos naturales, a cargo de la gran inversión nacional y extranjera; a pesar que nos hace sumamente vulnerable a la evolución de la economía mundial, como lo está demostrando la actual crisis mundial? Y que, además, genera gran conflictividad social, porque no distribuye sus frutos equitativamente y porque no cuida el medio ambiente (no es sostenible).


O uno que asegure crecimiento, con distribución y cuidado del medio ambiente. Lo que implica necesariamente una acción más decidida del estado en el desarrollo de capacidades de la población (y por tanto da un rol central a la educación) y en la provisión de servicios básicos (salud, por ejemplo). Muchos coinciden que esta opción podría permitir al Perú avances importantes en su capacidad de generación de empleo y por tanto de disminución de la pobreza y la desigualdad; a la vez que hacerlo menos vulnerable a las fluctuaciones externas, como lo está demostrando en la actual coyuntura internacional el caso de China.


A NIVEL POLÍTICO

Tres aspectos nos parecen importantes:

1.- La vigencia de una poderosa y autoritaria alianza en el poder

Como hemos dicho en anteriores oportunidades, la alianza gobernante goza de mucho poder, ya que concentra gran parte del poder político, económico, militar e ideológico, siéndole esquivo sólo el poder social. Por otro lado, la oposición (tanto social como política) está bastante desarticulada.

Este desbalance ha permitido la presencia en la escena pública de un creciente estilo autoritario de gobernar, que este año también se ha hecho notar en diversos episodios, siendo lo más destacado de ellos el conflicto amazónico y los reiterados ataques a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) medio ambientalistas y de defensa de derechos humanos con motivo del Museo de la Memoria, de los enfrentamientos en el VRAE (Valle del Río Apurímac-Ene).

Sin embargo, es interesante constatar que, pese a la animadversión que dicha alianza tiene a temas como derechos humanos, lucha contra la corrupción, regionalización y participación ciudadana, sus esfuerzos no han logrado destruir lo avanzado en dichos asuntos en el periodo noviembre 2000-julio 2006. Más bien, el contexto electoral que marcará fuertemente el 2010 y el 2011 puede presentar interesantes oportunidades para sensibilizar a la opinión pública sobre dichos temas y lograr avances importantes al respecto.


2.- Acechada por la corrupción

Como en nuestra última entrega presentamos el estado de la cuestión de los “petro-audios”, el caso más saltante de corrupción en lo que va del actual gobierno, sólo queremos agregar el referido a la Universidad Privada Alas Peruanas.

Como es de conocimiento público dicha universidad generosamente financiaba viajes y editaba libros a altos miembros del Poder Judicial, quienes gustosamente aceptaban, pasando por alto que estaban ante un claro caso de conflictos de intereses, dado que dicha universidad tiene más de 132 casos pendientes en dicho poder.


Igualmente gozaban de sus favores miembros del Congreso que pertenecen a la Comisión de Educación, algunos de los cuales inclusive presentaron proyectos de ley para favorecer a dicha universidad. Hay importantes líderes apristas mencionados como Mauricio Mulder y Mercedes Cabanillas.

Viajes, edición de libros, reparto masivo de doctorados honoris causa y otros métodos más, permitieron a la Universidad Alas Peruanas, entre otros, “abrir hasta la fecha 26 filiales a nivel nacional (en 23 diferentes regiones) y unas 9 Unidades Académicas Descentralizadas, pese a que la Ley Universitaria lo prohíbe expresa y estrictamente” Lamentablemente la cobertura informativa se interrumpió por el caso del espía chileno y luego el “psico-social” de los “pishtacos”.


3.- Que busca perpetuarse en el 2011

Pero, no hay que olvidar que la alianza en el poder ha dicho explícitamente que busca colocar en la presidencia el año 2011 a alguien que asegure la continuidad del modelo económico neoliberal, iniciado en época de Fujimori, continuado por Toledo y profundizado por García. Para ello se usa y seguirá usando todo el aparato del estado para neutralizar a las personas que se oponen a ello a quienes considera “anti-sistema”.


Propuestas como el voto voluntario, la reconcentración del Presupuesto Nacional de la República en el Ejecutivo y las prioridades decididas para el 2010 , así como el cierre de varias emisoras radiales en diferentes regiones del país, como son los casos de Radio Orión de Pisco, La Voz de Cainarachi (Lamas, San Martín), Radio La Voz de Bagua, así como de emisoras en Sicuani (Cusco), Tacna y Utucamba (Amazonas) van en esa línea . En casi todos los casos de cierre de radios se han usado razones administrativas para acallar radios que tienen puntos de vista críticos al gobierno o debido a que han tenido una amplia cobertura de protestas ciudadana.

Dicha alianza en el poder también confía en que la presencia en la segunda vuelta de alguien como Luis Castañeda Lossio y, en última instancia, Keiko Fujimori, puede darle dichas garantías de continuidad. Para ello se basan en encuestas nacionales urbanas, como las de Ipsos-Apoyo que señalan que: “En la población urbana, el primero registra 23% de intención de voto y la segunda 22%. Este virtual empate esconde, sin embargo, grandes diferencias según segmentos de la población. Castañeda es el preferido de los limeños mientras Keiko lidera la intención de voto en el interior del país. Castañeda obtiene su mayor apoyo en los niveles socioeconómicos A, B y C, mientras Keiko lo recibe de los niveles D y E. Las diferencias por género también son significativas. Por Castañeda votarían el 28% de los hombres y el 19% de las mujeres, mientras que por Keiko lo harían el 19% de los hombres y el 26% de las mujeres .

Un hecho esperanzador, sin embargo, es que existe una demanda ciudadana de alternativas electorales distintas a las que hoy las encuestas nos presentan. Dichas encuestas, desde octubre del 2008 hasta octubre del 2009 nos presentaron el escenario electoral del 2011 copado por personajes ampliamente conocidos por los peruanos: Lourdes Flores, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori y Luis Castañeda. Sin embargo, la encuesta nacional urbana de Ipsos Apoyo de mediados de agosto nos dice que “casi la mitad de los entrevistados indica que quisiera que surja una nueva opción” .

Esto es una muestra de la conciencia crítica de muchos grupos de peruanos, que no se sienten representados en las alternativas actuales. Visto desde hoy hay frente a todos los procesos electorales que se avecinan una gran interrogante.


A NIVEL SOCIAL

Cuatro hechos importantes nos parecen que destacan a este nivel:

1.- El avance del narcotráfico

Coincidimos plenamente con los analistas de seguridad que señalan que la verdadera amenaza a la seguridad del país es el narcotráfico y su creciente presencia armada, que de no actuarse a tiempo nos puede llevar a escenarios tipo Colombia o México. Durante el 2009, en diversos momentos, hechos de violencia en el VRAE nos lo han recordado.


Sabemos que el narcotráfico atenta contra el medio ambiente (debido a los insumos químicos –precursores le dicen- usados para convertir la hoja de coca en droga), pero también que aumenta considerablemente los niveles de violencia donde se asienta. Igualmente, ejerce un gran poder corruptor en nuestra juventud, no sólo por que fomenta el consumo de drogas, sino también porque ante la ausencia de oportunidades de empleo legal, se convierte en un empleador importante para ellos, no sólo como mano de obra recolectora de sembríos ilegales, sino también como transportadores de droga por caminos de herradura (mochileros, le llaman).


Y por último, pero no menos importante, también es conocido que las grandes cantidades de dinero que moviliza le permiten corromper autoridades a todo nivel, más aún, cuando organiza su incursión en la política. Por ello urge hacer algo al respecto.


2.- Persiste la alta conflictividad social

Los informes mensuales de la defensoría nos recuerdan cada mes esta situación, que como sabemos se debe a una serie de demandas no satisfechas (medio-ambientales, regionales, salariales, de los productores agrarios etc.), por la incapacidad del sistema político de procesarlas por vías pacíficas . Los esfuerzos desarrollados hasta ahora parecen no estar a la altura de lo que se necesita. Algunos analistas sostienen que los procesos electorales del 2010 y 2011 tenderán a atenuarla un poco, ya que el descontento se canalizará por esas vías, sin embargo, otros tienen serias dudas al respecto.

El reto mayor que se nos presenta es cómo hacer para que las opciones que favorecen el uso de la violencia, para manejar las demandas sociales no avancen. Y más bien como reforzamos a los mediadores y a los que hacen un uso responsable de la fuerza.


Aquí será determinante cómo se procesarán las demandas del pueblo amazónico. Si bien es innegable el triunfo obtenido (al lograr la derogatoria de cuatro de los doce decretos leyes cuestionados) la agenda pendiente de los pueblos indígenas todavía es abultada, estando actualmente centrada en el desarrollo de las cuatro mesas de diálogo que se llevan a cabo. De cómo se desenvuelvan dependerá si el conflicto amazónico se encauza en forma pacífica. Pese a que públicamente circula poca información al respecto, este hecho resulta muy simbólico políticamente, hay gran expectativa sobre los frutos que darán los canales institucionales respondiendo o no a las demandas y a la problemática de los grupos indígenas.


3.- Y se acentúa la tendencia a la criminalización de la protesta social

Como bien señala la carta al Presidente de la República, de la Plataforma Europa-Perú del 24 de noviembre, existe una “creciente vulnerabilidad de los líderes sociales y populares, así como de los defensores de los derechos fundamentales de las personas” debido a la vigencia de los Decretos Legislativos 982, 983, 988 y 989, aprobados en julio del 2007.

Estos decretos “abren posibilidades inconstitucionales para detener e incomunicar a las personas, alteran los tipos penales y elevan penas desproporcionadamente. Esto se ha traducido en la actualidad en centenas de detenciones arbitrarias, acoso y persecución de defensores de derechos humanos, reformas a la legislación penal tipificando nuevos delitos”. Además de posibilitar un mayor uso de la violencia por parte de policías y militares (la famosa imputabilidad).

En los últimos meses se asiste con preocupación a otra igualmente peligrosa tendencia, que ha ido tomando fuerza a raíz del conflicto amazónico: la militarización del conflicto social. Nos explicamos, luego de los sucesos de Bagua en diversos puntos de la amazonía se han ampliado y/o instalado nuevos puestos militares. Pero ello no es exclusivo de la selva, inmediatamente después de los últimos sucesos en Río Blanco (Piura) se anunció la instalación de una base militar en ese lugar. Como se recordará el 1 de noviembre el campamento de dicha empresa, hoy perteneciente a capitales chinos y antes más conocida como Majaz, sufrió un ataque armado que dejó tres muertos.

Esta respuesta gubernamental de criminalización y militarización de la protesta social es profundamente andidemocrática. Además de no tomar en cuenta que, como señala Víctor Caballero Martín “Constituye una verdad indiscutible que uno de los factores generadores de conflictos sociales son las acciones de gobierno y las leyes que tienen un impacto directo en la población, sobre todo cuando éstas se promulgan y ejecutan sin considerar las reacciones lógicas de la población afectada o, lo que es más cuestionable,sin consultar ni recibir opiniones de las poblaciones y grupos de interés”


4.- Una sociedad civil cada vez más activa

Este año hemos asistido a diversas campañas emprendidas por varios sectores de la sociedad civil buscando sensibilizar a la opinión pública sobre importantes carencias, a la vez que demandar al estado un mayor compromiso en la solución de las mismas.

Entre ellas podemos mencionar las campañas referidas al cambio climático, a la creciente contaminación ambiental, a la firma de los tratados de libre comercio con la Unión Europea y con Chile; así como también aquellas que buscaron lograr que más gobiernos locales y regionales tomen medidas para disminuir la discriminación existente en el país.


También nos parece importante destacar las campañas a favor de la infancia (como la iniciativa del “millón de amigos”, para posibilitar más recursos para la niñez) y aquella que logró declarar en situación de emergencia sanitaria, a nivel nacional, la situación del control de la tuberculosis. Igualmente son destacables los esfuerzos por lograr mejoras en la calidad educativa y disminuir la violencia contra la mujer y darle mejores condiciones de salud, así como la prevención y atención de las poblaciones afectadas por la TBC y el VIH Sida.

Igualmente, las diversas voces que se alzaron para exigir respeto a los derechos de los pueblos amazónicos y los incipientes esfuerzos por mejorar las condiciones del transporte, dado la gran cantidad de muertos y heridos que deja. Todo ello nos habla de grupos heterogéneos y dispersos en el país, que participan de una sociedad civil activa, comprometida con la vida.