Coyuntura setiembre 2010

Lima, 20 de septiembre 2010

LA CVR, ALGUNAS REFLEXIONES

SIETE AÑOS DESPUÉS

Pilar Arroyo R.P.

Instituto Bartolomé de Las Casas

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), es un gran triunfo de la transición democrática peruana. El Informe de la CVR, dado a conocer al país el 28 de agosto del 2003 consta de 9 tomos, con más de 4,000 páginas. La Conferencia Episcopal Peruana en su mensaje de Navidad del 2003 señaló que “Nosotros asumimos dicho Informe, con las limitaciones que pueda tener, porque es un trabajo valioso y punto de partida para seguir adelante” (n.1). Igualmente el entonces Presidente Toledo, en un Mensaje a la Nación señalo que “La CVR ha cumplido una misión trascendente”.

Amplios sectores de la sociedad civil también valoran el aporte de la CVR: organismos de derechos humanos, gremios sindicales, Organismos no Gubernamentales (ONGs), sectores eclesiales y diversas personalidades; quienes durante todos estos años han seguido respaldando dicho Informe y enfrentando los nunca acabados ataques provenientes de los sectores descontentos con su labor. Algunos de los que respaldan a la CVR se han agrupado en el colectivo “PARA QUE NO SE REPITA” (PQNSR) fundado el 28 de junio del 2003, que tiene como objetivo “impulsar, promover y vigilar la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”.

Los que se oponen al Informe final de la CVR

Pero así como hay gente que valora el informe de la CVR, no faltan quienes sin haberse tomado la molestia siquiera de leer la versión abreviada del mismo (que tiene 459 páginas), la atacan. Personaje destacado es el ex Ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, quien señaló últimamente que “La mayor parte de las conclusiones de la llamada CVR respecto a nuestras Fuerzas Armadas son falsas, injustas y calumniosas”, razón por la cual la prestigiosa revista Caretas le otorgó su conocido trofeo “la concha de la semana”.

Y Caretas tiene razón al criticar a Rey por este tipo de declaraciones, que evidencian un desconocimiento de lo que realmente afirmó la CVR. Pues como bien señala Ernesto de la Jara: “Los militares y policías que están siendo procesados y condenados por hechos vinculados a violencia política [361], no son los que se enfrentaron al terrorismo, sino los que violaron derechos humanos: desaparecieron, torturaron, asesinaron y violaron a personas (…) en el caso de la violencia política los asesinados, desaparecidos, torturados, violados, etcétera, no son ni lejanamente, en su mayoría, integrantes de SL [Sendero Luminoso] o el MRTA [Movimiento Revolucionario Túpac Amaru], sino población local entre dos fuegos”[1]

Sin embargo, como bien dice el dicho “miente, miente, que algo queda”. las reiteradas afirmaciones del Ministro de Defensa, y otros personajes más en ese sentido, han calado en la opinión pública. Es por eso que nos parece pertinente recordar lo que la CVR señala sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en el conflicto armado interno que desangró al país entre 1980 y el 2000.

En sus números 39, 52 y 53 de las Conclusiones Generales la CVR señala que las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas “tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos [y] reconoce la esforzada y sacrificada labor que sus miembros realizaron durante los años de violencia. Asimismo, rinde su más sentido homenaje al más de un millar de valerosos miembros que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber”

En el caso de la Policía, en su número 50 agrega que la CVR constata que: “el trabajo de inteligencia operativa de la DINCOTE (antes DIRCOTE) logró las impecables capturas de los principales dirigentes subversivos. Destacan entre ellos las de Víctor Polay Campos, del MRTA, el 9 de junio de 1992, y la de Abimael Guzmán Reinoso, del PCP-SL, el 12 de septiembre del mismo año. Estas capturas constituyeron un factor fundamental para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo”.

El reconocimiento de la importante labor realizada tanto por las Fuerzas Armadas, como por la Policía Nacional es neto y claro, incluso habla del heroísmo mostrado por muchos de sus miembros. Y por ello señala que la Nación tiene una deuda con esos valerosos soldados y policías que arriesgaron y en muchos casos ofrendaron sus vidas para librarnos del terrorismo.

Sin embargo, la CVR también señala que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas “aplicaron una estrategia que en un primer periodo fue de represión indiscriminada contra la población” (n.54). Y en el n. 55 afirma que “en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario” Por ello pide que se juzgue a quienes cometieron dichos crímenes, no sólo como un deber de justicia, sino para evitar que la impunidad provoque que situaciones similares se repitan a futuro en nuestra Patria.

Es decir, la CVR afirma que en ciertos lugares (no todos) y ciertos momentos (no todos) algunos (no todos) de sus miembros mancharon el uniforme de la patria torturando y asesinando a mansalva a población civil (niños incluidos) o a prisioneros rendidos, lo que está prohibido por el derecho internacional humanitario. Prueba que dicha afirmación no es falsa es que la existencia de dichos delitos llevaron a la condena a 25 años de cárcel (por ser cómplice de los mismos) al ex presidente Alberto Fujimori.

Y prueba que no son afirmaciones falsas es el caso de Umasi (Ayacucho), que nos recuerda Wilfredo Ardito: “El 16 de octubre del año 1983, una columna senderista ingresó a la comunidad de Raccaya, en la provincia ayacuchana de Víctor Fajardo, y secuestró a más de treinta escolares del colegio secundario. Se los llevaron caminando hasta la comunidad de Umasi, distante ocho horas, para adoctrinarlos y adiestralos. La noticia llegó a la base militar de Canaria, al mando del oficial Jorge Cárcovich Cortelezzi, y se dispuso atacar a los senderistas. Cuando vieron llegar a los soldados, los escolares de Raccaya creyeron que iban a rescatarlos, pero los mataron a todos, hasta los que tenían catorce años o menos. Los soldados, sin embargo, no actuaron precipitadamente: se dieron tiempo para violar a las niñas antes de asesinarlas (…) En diciembre del año pasado, se realizó la exhumación de los restos de los niños y adolescentes asesinados en Umasi, encontrándose también los restos de sus uniformes escolares”[2].

Y también lo que siete años después nos relata el periodista César Hildebradt: “Un día de junio de 1991 me visitó un general de la policía. Era un alto jefe a quien yo conocía por su honestidad, su insólito afán por la lectura y –esto es lo más interesante por su amistad con Vladimiro Montesinos. La conversación fue breve. El general me dijo estar asqueado con los métodos que estaban imperando en las zonas bajo jurisdicción militar y añadió que, si seguíamos así, perderíamos la guerra con Sendero. Luego sacó un sobre que llevaba en uno de los bolsillos de su chaqueta. Abrió el sobre, extrajo un papel doblado, lo extendió y me lo alcanzó.

El papel era una orden operativa enviada desde el comando conjunto de las Fuerzas Armadas y tenía un sello que yo jamás había visto: “Incinérese después de leerse”. La orden que allí se impartía era muy clara: exterminar a todos los prisioneros que quedaran tras una batalla con los “delincuentes terroristas” (…) Y la verdad es que se estaba matando ya no sólo a los prisioneros sino a los sospechosos y, en varios casos, a los amigos de los sospechosos. Y en muchísimos casos el exterminio era de aldeas enteras, de poblaciones indefensas”[3]

Por todo ello la CVR recomendó la judicialización de casos probables de violación de derechos humanos cometidos durante el periodo 1980-2000.

La Judicialización. Se llama así a los juicios a los miembros de las fuerzas armadas y Policía Nacional y a los miembros de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru que durante el conflicto armado interno violaron los derechos humanos.

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), en un balance cuya lectura recomendamos, afirma que si bien hubo avances los primeros años de creación de la Sala Penal Nacional (SPN) “las estadísticas de este tribunal señalan con meridiana claridad que el porcentaje de las absoluciones (85%) de acusados de violar los derechos humanos es muy superior al minúsculo porcentaje (15%) de condenados”. Pero, además, en los últimos dos años este tribunal viene consolidando una muy peligrosa jurisprudencia, exigiendo que la demostración de los hechos sea solo y únicamente con prueba directa, y no indiciaria, como fue el caso de Fujimori. Es decir, cuando varios elementos relacionados al hecho configuran un escenario que lleva a concluir por testimonios y hechos, la culpabilidad de los acusados. Rivera sostiene que “Todos los tribunales penales que juzgan en el mundo estos delitos utilizan este tipo de prueba”.

Rivera señala también que: “La SPN comienza a consolidar una jurisprudencia que descalifica al familiar testigo porque argumenta que tiene un interés en el caso”. Pero lo que es más grave es que: “Las sentencias de la SPN están consolidando una jurisprudencia que desvincula de manera absoluta a los jefes militares de los hechos criminales perpetrados en las zonas bajo su control militar y de las órdenes que estos emitieron, porque en estos casos la SPN está exigiendo que se demuestre la emisión de órdenes con documentos escritos (prueba documental) a pesar de que resulta evidente que las órdenes para eliminar personas fueron órdenes clandestinas, [sin prueba escrita en muchos casos] tal como se puedo comprobar en el juicio por violaciones a los derechos humanos contra el ex presidente Alberto Fujimori”.

Y agrega que “entre el 2008, 2009 y 2010 las sentencias han sido predominantemente absolutorias” Tal vez debido a que “el gobierno del Presidente García Pérez desde el inicio de su mandato ha desplegado un esfuerzo político permanente y particular en cuestionar –desde las más altas instancias– el proceso de judicialización de este tipo de crímenes. El mensaje político ha tenido siempre un solo objetivo: la liquidación del proceso de justicia”[4].

El DL 1079 En los primeros días de setiembre el gobierno dio el Decreto Legislativo 1079 que abría las puertas para que quienes están enjuiciados y/o condenados por violar los derechos humanos durante la violencia política puedan quedar libres de polvo y paja. Es así porque el Decreto estipula que “la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (…) surte efectos y rige para el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003”[5]

Dicho decreto provocó el inmediato rechazo de diversas instituciones, ciudadanos y medios de comunicación, por considerar que era una “amnistía encubierta”. La Defensoría del Pueblo señaló que intervendría “en aquellos casos en que, invocando el Decreto Legislativo 1097, se pretenda el indebido archivamiento o sobreseimiento de los mismos”[6]. Monseñor Miguel Cabrejos, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo y Presidente del CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social) señalaron que: “La sociedad en su conjunto repudia todo acto que violente el derecho fundamental a la vida y exige del Estado, la aplicación de sanciones ejemplares contra todo el que atente contra ella (…)Si bien es cierto, la vida del agresor merece respeto, esto no debe traducirse ni entenderse como actos o situaciones que lleven a la impunidad de los delitos, más cuando se trata de delitos contra la vida misma y con la gravedad que revisten los delitos de lesa humanidad”.[7]

Salomón Lerner también señaló que “en lo que toca a crímenes de lesa humanidad tenemos que sujetarnos a lo que dicen la conciencia moral y los tratados que hemos suscrito, y no hay amnistía posible, hacerlo sería retroceder en la democracia”[8]. Y Mario Vargas Llosa señaló que: “a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos”[9]. Este decreto provocó tanto rechazo que al final tuvo que ser derogado en el Congreso (90 votos a favor de su derogación, uno en contra) y determinó un recambio ministerial, saliendo del gabinete su principal defensor, el entonces Ministro de Defensa, Rafael Rey.

…

No sólo está pendiente alcanzar justicia en cuanto al tema de violaciones de derechos humanos. También han quedado sin atender las importantes recomendaciones que hizo la CVR sobre las necesarias Reformas Institucionales que había que realizar para asegurar la presencia del Estado en todo el territorio nacional, para lograr una educaciónpara todos, mejorar el sistema de Administración de Justicia y en cuanto a la Defensa Nacional.

LO AVANZADO EN SIETE AÑOS

Pero todo no es retroceso hay avances importantes. No pretendemos hacer un balance exhaustivo de lo avanzado desde que se dio a conocer el Informe Final de la CVR. Ni está en nuestras posibilidades, ni el espacio nos lo permitiría. Pero sí queremos destacar algunos de ellos:

1.- En cuanto a las discriminaciones que marcan nuestras relaciones sociales [10]

En su informe la CVR constata que somos un país que ha perpetuado “las discriminaciones étnico-culturales y raciales” produciendo “una creciente percepción de agravio y desconfianza” (p.34). que ayudó a cohesionar a los subversivos. Y señala que “El PCP-SL [Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso] «atizó», y allí se reavivaron —en la respuesta del Estado y en la indiferencia de sectores importantes de la ciudadanía—, todas las discriminaciones” (p.49) /…) “De alguna manera, el PCP-SL canalizaba el odio y la frustración derivados no sólo de la discriminación social y racial, sino también de la originada en el sistema de género” (p.71).

Pero no fue sólo Sendero, la “CVR comprobó que el peso del componente étnico y racial estuvo presente tanto en las causas históricas del conflicto (…) como en el plano más inmediato de las percepciones y comportamientos cotidianos de los diferentes actores implicados directa e indirectamente” (p.123) Y agrega que “Aunque el conflicto no tuvo un carácter étnico explícito, estuvo cargado de elementos raciales, étnicos y regionales que actuaron entrelazadamente, acentuando la violencia” (p.174). “En algunas ocasiones, el uso de la violencia fue acompañado por manifestaciones de venganza o rencor ante la discriminación sufrida con anterioridad” (p.131).

Es por ello que la CVR llegó a afirmar que “El proceso de reconciliación pasa por acabar con la discriminación”, señalando como meta general ”la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana” (p.384), agregando que “En aras de la reconciliación nacional, resulta indispensable impulsar la creación de una identidad colectiva de todos los peruanos respetuosa de las diferencias culturales y librada efectivamente de cualquier rezago de discriminación étnica y racial. Esta es una de las lecciones profundas dejadas por la violencia” (p.174).

Muchos ciudadanos y colectivos respondieron a este desafío durante estos siete años y han desplegado una serie de iniciativas para sensibilizar a la opinión pública, así como también para hacer avanzar un ordenamiento legal (a nivel distrital, regional y nacional) que sancione todo tipo de prácticas discriminatorias. Se han desarrollado programas educativos para niños, mujeres y jóvenes para reconocer y desterrar prácticas discriminatorias, así como también diversas iniciativas individuales en los campos del arte, literatura, fotografía, documental y cine donde se recogen las historias de discriminación y las afirmaciones positivas de lucha por la vida. Algunos han centrado su acción en ejercer una labor de vigilancia sobre la publicidad y las ofertas de empleo, para evitar que perpetúen prácticas discriminatorias. Y otros han tratado de señalar como nuestros patrones estéticos también son fuente de discriminación. El tema de una sociedad que garantice la igualdad de oportunidades también ha estado presente.

2.- En la creación de Espacios de Memoria

En estos años se han ido creando dichos espacios en Lima, Ayacucho, Huancavelica, Piura, La Libertad, Ancash, Ucayali, Pasco, Junín, Apurímac, Cusco y Puno. Estas iniciativas tienen autorías diversas de la sociedad que van más allá de los familiares de las víctimas y que han incluido la colaboración de autoridades locales en muchos casos.

Es importante destacar cómo, entre febrero y abril del 2009, se logró dar pase a la iniciativa del Lugar de la Memoria en Lima, cuya comisión encargada ha estado presidida hasta el 13 de setiembre por Mario Vargas Llosa, quién renunció a la misma en protesta por la dación del Decreto Legislativo 1079, aunque ha ofrecido seguir colaborando con ella. Recordemos que en la discusión que tuvo lugar sobre la conveniencia o no de un Museo de la Memoria en Lima volvieron a arreciar los ataques de parcialidad contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). En esa ocasión Mario Vargas Llosa afirmó: “después de haber pasado muchas horas leyendo los trabajos de la comisión (…) ni en sus considerandos ni en sus conclusiones hay la menor intención de parcialidad, sino, por el contrario, un afán honesto y casi obsesivo por mostrar con la mayor exactitud lo ocurrido ([11]). Reconocía así el importante aporte a la verdad hecho por la CVR, así como el espacio que abría para hacer Justicia y Memoria de lo sucedido.

Como bien dice Pilar Coll, fundadora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y miembro del Consejo de Reparaciones: “Lo ideal es que haya muchos lugares de memoria y que los sitios donde ha habido víctimas tengan sus lugares de memoria (…) Lo importante es que descubramos razones poderosas para defender estos lugares. El Perú no puede olvidar lo ocurrido. Si lo olvidamos tenemos el enorme riesgo de volver a caer en lo mismo, en ese sentido, la memoria se hace imprescindible. Es importante que haya más espacios de memoria para que todos nos sintamos representados y para que las generaciones jóvenes no olviden lo que ocurrió. El riesgo es correr el velo y decir aquí no ha pasado nada. Recordando de un modo saludable lo que ocurrió podremos ver las causas de lo que pasó”[12].

Coincidimos totalmente con ella en la importancia de los espacios de memoria, máxime si desde la captura del líder de Sendero han pasado cerca de 18 años. Eso indica que hay toda una generación que no vivió dicha tragedia, y es importante que tenga acceso a la información que le permita saber qué pasó y por qué y sobre todo que pueda hacer su propia reflexión para llegar a la conclusión que eso no debe repetirse.

Sabemos que la tarea es difícil, pues como dice Rosa Montalvo: “en el Perú, aún las heridas están a flor de piel, lo que hace difícil procesar el duelo y el dolor, y los medios masivos no aportan a que se pueda desarrollar procesos reflexivos. Al contrario, intentan permanentemente colocar una sola versión de los hechos, una memoria única, sin posibilitar espacios de expresión de las diferentes memorias que forman parte de un proceso que constituye uno de los episodios más dolorosos de la historia republicana”[13]. Sin embargo, a pesar de ello, es importante persistir en la tarea.

Carlos Ivan Degregori intenta una explicación de por qué un sector se opone a estos espacios de memoria, él nos dice que: “en la década pasada se construyó, desde el poder, una narrativa en la cual los protagonistas centrales de la victoria contra el terrorismo habían sido Fujimori y Montesinos; las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los ronderos jugaban un papel secundario; el resto de peruanos y peruanas —incluyendo a los partidos políticos—eran una suerte de coro griego. Hoy, con Montesinos y Fujimori condenados, las circunstancias han vuelto inevitable una variante: las Fuerzas Armadas (FFAA) han pasado a ocupar el lugar central, pero la narrativa mantiene su textura original, que vuelve borrosa la contraposición entre autoritarismo y democracia, mientras exacerba otra oposición entre una patria homogenizada alrededor del mercado y las FF AA, y los enemigos del Perú. Tanto para la narrativa original como para su variante actual, las conclusiones de la CVR resultan insoportables. Por ello su Informe Final y cualquier iniciativa que de él se desprenda, deben ser rechazados”.[14]

3.- En la restitución de derechos a la Identidad

Como bien señaló la Defensoría del Pueblo, en enerod el 2008, la indocumentación constituye una de las más graves expresiones de exclusión en tanto invisibiliza a la persona que la sufre: “Dentro del universo de las personas que carecen de documentación, se encuentran aquéllas cuyas partidas de nacimiento se perdieron a consecuencia de la destrucción de un número considerable de oficinas de registro de estado civil durante el período de violencia política”

La Defensoría criticaba el procedimiento establecido hasta ese entonces que había ocasionado que al 2008 el 61% de las personas afectadas por la destrucción de las oficinas de Registro Civil, no hubieran obtenido su reinscripción. La Defensoría señalaba que: “aunque parezca contradictorio, obtener la documentación resulta más difícil para una persona cuya partida de nacimiento fue destruida a consecuencia de la violencia política, que para una que nunca tuvo partida de nacimiento”[15]

Por ello en estos años ha habido diversos estudios e iniciativas recordando la urgencia de atender la necesidad de documentación de los ciudadanos que se vieron afectados por esta situación. Felizmente, como señala Gino Huerta: “En los temas de restitución de derechos ciudadanos el mayor avance se da en los aspectos referidos a indocumentación, principalmente debido a la acción de la RENIEC [Registro Nacional de Identificación y Estado Civil] en las zonas afectadas por la violencia política”[16].

4.- En Reparaciones

La CVR planteó diversos tipos de reparaciones que van desde la restitución de derechos ciudadanos, el acceso a educación, salud y vivienda, reparaciones simbólicas y económicas, entre otros programas. Es importante destacar a este nivel tanto la ley de Reparaciones obtenida (28592), como el Registro de Víctimas, creado el 20 de julio del 2005 como parte de la ley. Dicha ley fue creada con el acuerdo de todos los grupos políticos con representación congresal. Igualmente el hecho de que grupos de la sociedad civil en Ucayali, Huánuco, Pasco, Lima, Junín, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno hayan elaborado Planes Integrales de Reparación, ya sea a nivel regional o local.

También se ha avanzado en las llamadas reparaciones colectivas, que vienen llevándose a cabo, desde el 2007, en 298 comunidades de Ayacucho, Huánuco, Junín, Huancavelica, Apurímac, Puno,Cusco, Pasco y San Martin. Ello está a cargo de la CMAN , que es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, creada en el 2004, para formular y supervisar la ejecución de políticas públicas en materia de reparaciones individuales y colectivas, paz y reconciliación nacional. En cuanto a los Ministerios, el que más avanzó fue el de Salud, bajo la gestión de Pilar Mazetti, diseñándose una Estrategia Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz.

Sin embargo, la lenta elaboración del Registro de Víctimas (A la fecha el Concejo de Reparaciones, ha registrado a casi 77,000 víctimas) debido a la falta de presupuesto asignado, ha hecho que hasta la fecha no se haya entregado ninguna reparación individual. Ello ha llevado a afirmar al filósofo Salomón Lerner Febres, ex presidente de la CVR” que “si se va a esperar a que se registre hasta la última víctima, la reparación consistiría en ir al cementerio a dejarles un ramo de flores y esa no es la idea”[17].

6.- En las Exhumaciones

Si bien estos años se ha avanzado en importantes casos como los de Putis, Cabitos, Santo Tomás de Pata y otros; nos parece que lo manifestado por Gisela Ortiz, miembro del Equipo Peruano de Antropología Forense resume la situación actual: “falta voluntad política para implementar un plan de exhumaciones a nivel nacional y también las reparaciones, a pesar de eso todos (as) debemos mantenernos firmes en la lucha de encontrar justicia, no debemos olvidar lo que pasó porque sería olvidarnos de nuestros seres queridos que perecieron en aquellos años”.

A pesar de los avances, falta todavía mucho por hacer. Esto se ve hoy dificultado por lo que Jo-Marie Burt llama la: “rearticulación de un sector muy conservador, quasi fascista, que rehúsa reconocer el rol de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos, que insiste en repetir el discurso oficial asentado en la época de Alberto Fujimori de que Sendero Luminoso y el MRTA son responsables de todos los muertos durante la época de la violencia política” [18]. …..

Queremos terminar este breve recuento citando a Augusto Álvarez Rodrich quien señala que: “Más allá de las críticas de los sectores autocráticos y racistas, el mensaje de la CVR aún no ha sido bien entendido por el país. Pero lo será en el futuro”[19]. Efectivamente, falta un largo trecho por recorrer para que el diagnóstico de la CVR sea asimilado por el conjunto de la sociedad peruana Y creemos que ello se debe a lo que afirma el Psicoanalista Jorge Bruce: “Poco a poco, las defensas inconscientes se han reinstalado (…) La negación persiste y la violencia insiste, en los discursos y en las prácticas, descalificadores y despectivos”[20]

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[1] ) “Ofensiva para volver al pasado y asegurar el futuro” en Revista Ideele n. 200/2010 p.34 y 33.

[2] ) La Masacre de Umasi y el Decreto Legislativo 1097 en Reflexiones Peruanas Nº 320. Se puede bajar de http://reflexionesperuanas.lamula.pe/

[3] ) En semanario Hildebrandt en sus trece, 20 de agosto del 2010 p.20

[4]) “El estado del proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú” Se puede bajar de http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=333

[5] ) Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo n. 1097

[6] ) Pronunciamiento De La Defensoría Del Pueblo Con Relación Al Decreto Legislativo 1097, Lima, 7 de setiembre del 2010.

[7] ) El Derecho Fundamental a la Vida es anterior a todo otro derecho. Pronunciamiento del 8 de setiembre del 2010.

[8] ) Entrevista citada

[9]) El texto completo de la carta se puede bajar del blog Educiudad: http://aprendomat.wordpress.com/

[10] ) Todas las citas de esta sección son tomadas de Informe Final, Tomo VIII, Segunda Parte. Los factores que hicieron posible la violencia (Lima, CVR, 2003). La página de la cita está incluida en el texto para ahorrar las notas a pie de página.

[11]) “El Perú no necesita Museos” en El Comercio 8 de marzo del 2008.

[12]) Entrevista de Catherine Meza publicada en la web de Servicios Educativos Rurales (SER). Se puede bajar de http://www.noticiasser.pe/25/08/2010/entrevista/lo-ideal-es-que-haya- muchos-lugares-de-memoria

[13] ) “Miradas Juveniles sobre el Conflicto Armado Interno”, 25 de agosto del 2010. Se puede bajar de http://www.noticiasser.pe/

[14] ) “Espacios de Memoria, Batallas por la Memoria” en Argumentos Revista de Análisis Social del IEP (Instituto de Estudios Peruanos), Año 3, N°4 (setiembre 2009) p. 7.

[15] ) Informe Defensorial N° 130 “Devolverles su identidad es devolverles sus derechos. Supervisión

a los registros siniestrados a consecuencia de la violencia política” (Lima, enero 2008)pp.9-10.

¹⁶) “La CMAN y las reparaciones: ¿Dónde estamos?” Se puede bajar de http://www.noticiasser.pe/25/08/2010/opinion/en-edicion

[17]) Entrevista de María Elena Castillo en La República del 29 de agosto del 2010.

[18]) Catherine Meza “En tu nombre reafirmo mi esperanza” Se puede bajar de http://www.noticiasser.pe/25/08/2010/nacional/en-tu-nombre-reafirmo-mi-esperanza

[19] ) Siete años después. El Informe de la CVR en La Republica 29 de agosto del 2010.

[20]) “Siete años después” en La República del 29 agosto del 2010.